La Hacienda en la Guerra Civil.

Zona Republicana

El 18 de julio de 1936 se inició una guerra civil que dividió España en dos bandos que emplearon todas las fuerzas que tenían a su alcance para dominar al contrario. El ingente esfuerzo bélico realizado por cada uno de ellos, a lo largo de casi tres años, hubo de financiarse por los Ministerios de Hacienda rivales con una serie de recursos diferentes a los que eran habituales en tiempos de paz. Como veremos, los sistemas de financiación fueron muy similares en ambos territorios: la venta de oro y materias primas, el endeudamiento, la emisión de billetes y el aumento de la presión fiscal.

En un primer momento, la República española sostuvo la guerra mediante el oro depositado en la sede central del Banco de España en Madrid. De esta forma, mediante un decreto del Consejo de Ministros se autorizó su incautación, ya que en aquella época el banco emisor era una sociedad privada, iniciándose su venta en Moscú y París a partir de agosto de 1936.

El avance de las tropas de Franco sobre Madrid y el peligro que se cernía sobre la capital en noviembre de ese mismo año originó que el ministro de Hacienda, Negrín, decidiera enviar el oro que permanecía en el Banco de España a Cartagena y, posteriormente, a Rusia. La existencia de estos depósitos en el extranjero hizo posible que la República contase con las divisas imprescindibles para la adquisición de aprovisionamientos, tanto en la Unión Soviética como en otros países.

Las autoridades republicanas se dieron cuenta, en los meses iniciales de 1937, de que el oro no iba a durar mucho tiempo e intentaron financiarse mediante préstamos de otros países, pero, paradójicamente, el Gobierno de Madrid tuvo mayores dificultades que los sublevados para obtener empréstitos internacionales. Por todo ello, Juan Negrín acudió a una emisión masiva de billetes que fue la causa de una gigantesca inflación. A su vez, esta situación provocó que los particulares retuvieran las monedas metálicas, porque tenían el valor intrínseco del metal, y que se produjese una gran carencia de moneda fraccionaria. Esta difícil coyuntura se complicó aun más cuando muchos ayuntamientos, sindicatos y comercios se arrogaron la competencia de emitir moneda, inundando la zona republicana con varios miles de diferentes modelos de billetes.

Negrín, que había ascendido a la Jefatura del Gobierno manteniendo la cartera de Hacienda, hizo lo posible para poner orden en la caótica situación, prohibiendo la moneda no emitida por el Estado y acuñando monedas fraccionarias de cobre, hierro, papel y cartón. Estas últimas monedas eran simples cartones redondos en los que se pegaban sellos de correos de 5 y 25 céntimos.

Otro sistema de financiación fue el intento de obtener recursos de los particulares. De esta forma, se trató de atraer crédito de los ciudadanos, mediante el intercambio de sus capitales por deuda pública. Además, el Gobierno decretó la obligatoriedad, desde octubre de 1936, de entregar las joyas, el oro, la plata y las divisas extranjeras al Banco de España, declarándose delito la tenencia por los particulares de pequeñas cantidades de monedas de plata.

Desde el punto de vista de la recaudación tributaria, los ingresos originados por los impuestos directos habían caído estrepitosamente a raíz de la situación bélica. Para intentar incrementar estos recursos se recargaron los tipos de los impuestos indirectos y se creó, mediante un decreto ley de septiembre de 1937, la "Contribución sobre los Beneficios Extraordinarios de Guerra", cuya recaudación fue casi inexistente.

La desorganización administrativa, la continua pérdida de territorios y la gran inflación produjo que los instrumentos recaudatorios del Ministerio de Hacienda desaparecieran en el año 1938 y que, hasta el fin de la guerra, la zona republicana permaneciera sumida en la penuria económica y en la anarquía fiscal.  

Zona Nacional

En la zona dominada por las tropas nacionales no existían, en julio de 1936, importantes cantidades de oro en las sucursales del Banco de España, por tal motivo, el Gobierno de Burgos no pudo acudir al mismo sistema de financiación que sus rivales republicanos, es decir, a la venta de oro en el extranjero. Para superar esta situación se organizó una campaña patriótica, la Suscripción Nacional, mediante la cual se pedía a los particulares que entregaran voluntariamente los metales preciosos y joyas que poseyeran. Los insuficientes resultados de esta campaña originaron que, algunos meses más tarde, se reforzase la generosidad de los ciudadanos con la imposición legal de depositar el oro, las alhajas y el dinero metálico en el Tesoro Público.

De naturaleza similar fue la medida, instrumentada en agosto de 1936, según la cual se establecía un descuento obligatorio en los sueldos de los funcionarios y los pensionistas con el importe de uno o dos días de haber, en función de que los sueldos o pensiones fueran mayores o menores de 4.000 pesetas anuales.

Como todos estos recursos eran escasos para sostener el esfuerzo bélico, las autoridades nacionales hubieron de acudir a pedir préstamos en el extranjero. En principio, podría parecer que un gobierno como el de Burgos, de incierto futuro, hubiera tenido difícil este método de financiación. Sin embargo, las circunstancias políticas permitieron que recibiera importantes préstamos desde Alemania e Italia. Otro crédito, no menos importante, fue el obtenido de alguna compañía americana de combustibles que suministró petróleo al ejército sublevado admitiendo su pago aplazado.

Estos créditos y las compras de armas y suministros en el extranjero fueron compensados, en buena medida, mediante exportaciones de materias primas españolas. Sin duda, las más destacadas fueron las ventas de minerales a Alemania, Italia e Inglaterra, especialmente de wolframio. En el caso de Alemania, se crearon compañías mercantiles hispano-alemanas que organizaban tanto la venta de suministros a la España nacional como las exportaciones de productos a Alemania. Dentro de estas compañías es posible citar a Hisma-Rowak y la agrupación de compañías mineras Montana.

El Gobierno de Franco hubo de acudir, también, a la emisión de billetes y monedas, aunque en mucha menor medida que la República. Así, el 21 de noviembre de 1936 la nueva sede central del Banco de España en Burgos inició esta actividad, habiéndose declarado previamente ilegales los billetes expedidos en la zona republicana con posterioridad al 18 de julio y obligándose al estampillado de los emitidos antes de esa fecha, para que fueran válidos como medio de pago. Por lo que se refiere a la acuñación de moneda, únicamente se emitió una moneda de 25 céntimos en abril de 1938.

En cuanto a los recursos tradicionales de la Hacienda, se puede afirmar que siguieron cobrándose los impuestos existentes en el momento del inicio de la guerra, recargándose los tipos de aquellos que gravaban los consumos. Sin embargo, la recaudación se resintió del descenso de la actividad económica. Para compensar esta disminución, el ministro Andrés Amado creó, en enero de 1937, un Subsidio para los Combatientes con la finalidad de favorecer a las familias de los soldados. Se trataba de un impuesto indirecto que gravaba, con un tipo del diez por ciento, determinados consumos considerados superfluos: tabacos, entradas en espectáculos públicos, perfumes, alhajas, tabacos, etc.

Al igual que en la zona republicana, se estableció una Contribución excepcional sobre beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra en los últimos meses de la contienda. Este tributo gravaba las personas naturales y jurídicas que realizasen negocios industriales y mercantiles y que lograran beneficios extraordinarios. Estos últimos se definían como los que excediesen del promedio obtenido en el trienio previo al estallido de la guerra. Sin embargo, los elevados tipos impositivos de esta figura originaron un gran fraude y el consiguiente fracaso recaudatorio.