Tanto sus orígenes como su muerte son poco conocidos y origen de especulaciones, además parte de la información que se tiene de su origen y muerte provienen de lo que se le atribuye como un diario autobiográfico. La versión más extendida es la que le tiene como nacido en Bayona, Francia de padre de esta nacionalidad y madre española, judía sefardí, cuya familia llegase a Francia huyendo de la Inquisición (cosa que podemos dar como falso, casi con toda certeza, pues la Inquisición a fines del s. XVIII ya no era lo que había sido un par de siglos antes). Criado en un hogar judío kosher, Lafitte contraería después matrimonio con Christiana Levine, de una familia judía danesa. El posible origen español se sustenta en el nombre que dió a su isla “Reino de Barataria”
A pesar de su nombre, un tanto afeminado, Jean Lafitte era un honesto y buen rey de los piratas. Lideraba una isla pirata que compró en 1803 en Luisiana, capturaban barcos y contrabandeaban mercancías robadas hacia Nueva Orleans. Tenía tanto éxito que cuando el gobernador de Luisiana ofreció una recompensa de 300 dólares por su captura (que era la mitad de todo lo que producía Luisiana en un año) Lafitte respondió ofreciendo una recompensa de 1.000 dólares por la captura del gobernador.
Los periódicos y las autoridades pintaban a Lafitte como una diabólica mente criminal y un asesino en masa. Vamos como Osama en los EEUU de hoy día. Aparentemente su reputación se extendió por todo el Atlántico, ya que en 1814, Lafitte fue "tentado" por los ingleses, que le hicieron llegar una carta firmada por el propio rey Jorge III, prometiendole la ciudadanía y propiedades si pasaba al servicio de la Corona inglesa. Estos ingleses tan humanitarios y democráticos cómo sólo ellos saben serlo.
Como los ingleses son así, en la misma misiva se le hacía saber que si se negaba a "colaborar" la Armada Real destruiría su isla hasta los cimientos. Lafitte respondió que necesitaría unos pocos días para pensar en la oferta...... y se largó a toda vela hasta Nueva Orleans y "avisó a los americanos que ¡Vienen los ingleses!". A pesar de que él no era americano, miraba al nuevo país con admiración y había ordenado a toda su flota que nunca atacaran a un barco americano. La única vez que uno de sus piratas desobedeció esta orden, Lafitte mató al capitán con sus propias manos.
Lafitte era reconocido entre los marineros mercantes por tratar bien a las tripulaciones capturadas y, a veces, devolvía los barcos que no eran lo suficientemente buenos para dedicarse a la piratería. Además, era todo un héroe entre los ciudadanos de Nueva Orleans, ya que este era el centro habitual de venta de todas las mercancías que robaba. Lo que permitía a las buenas gentes de Nueva Orleans disponer de mercancías que de otra forma nunca llegarían a sus manos.
Pero los americanos, al fin y al cabo de sangre inglesa en su mayoría, agradecieron el aviso de Lafitte, encerrando a toda la tripulación en la cárcel. Después los barcos americanos se dirigieron a la isla de Lafitte, los piratas cuando los vieron se las prometían felices y los recibieron con los brazos abiertos. Gran error, fueron capturados por sorpresa y encerrados en diversas prisiones militares. No fue hasta días después que un tal Andrew Jackson, futuro presidente de los EEUU, pusiera el dedo en la llaga: Nueva Orleans no estaba preparada para resistir el ataque de la Armada Real inglesa. Por fin, las autoridades entraron en razón, soltaron a todos los hombres de Lafitte con la condición de que lucharan contra los ingleses. Los barcos de Lafitte eran superiores a los de la Armada de los EEUU, aportando unos 1.000 hombres a las fuerzas locales de defensa.
Lo que resultó ser de gran ayuda para la joven nación, los piratas de Lafitte y los barcos de EEUU pudieron rechazar a los británicos a las puertas de Nueva Orleans. Si estos hubiesen conseguido apoderarse de esta estratégica ciudad en el golfo de México habrían podido entrar en el corazón de la nueva nación con todas sus fuerzas.
Por desgracia para Lafitte, no le fueron devueltos ni sus barcos ni su isla de Barataria. Tampoco llegó el perdón presidencial ni para él ni para sus hombres. A pesar de diversos intentos de su hermano y de él mismo ante el presidente Madison.
Sabemos que se dedicó a cartografiar las tierras más allá de Luisiana, la actual Arkansas; estuvo varios años en Galveston, glorioso nombre para el ejército español. Más tarde, su rastro se pierde. Se sabe con certeza que está enterrado en Zilam de Bravo, al norte de la península del Yucatán, pero no se sabe cuando murió, la leyenda dice que alrededor de 1825.
Es curioso pensar en como los EEUU deben su existencia, tal y como la conocemos hoy día, a un pirata y "terrorista" de nombre afeminado.
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lunes, 24 de octubre de 2011
domingo, 13 de marzo de 2011
Ser un pesetero
La Primera Guerra carlista estaba en todo su apogeo; las principales acciones se realizaban en el Norte, entre las provincias vascongadas, Navarra, el norte de Aragón y la parte oeste de Cataluña. Como aún faltaban unos 50 años para que Sabino Arana se inventara la noción de la nación vasca, en los dos bandos, tan españoles ellos, había vascos, según fuesen sus inclinaciones tradicionalistas o liberales.
La Regencia isabelina ordenó en 1836 acuñar pesetas para hacer frente a los pagos a las tropas. La moneda fue la forma de cobro de los soldados liberales, los isabelinos recibían diariamente entre una y dos pesetas de sueldo mientras que los carlistas sólo recibían un real (¼ de peseta) al alistarse; de ahí que éstos llamaran “peseteros” a los soldados liberales.
Como ya hemos dicho los peseteros eran en su mayoría soldados vascos al mando del general Jáuregui. Se agrupaban en compañías de seguridad, chapelgorris (significa boina roja aunque los soldados llevaban un chacó rojo), tiradores, cazadores, etc. Recibían armas, munición y equipo pagado por el Gobierno, mientras que los carlistas tenían muchos problemas para surtir a sus soldados de la impedimenta necesaria. Al ser la primera guerra fratricida de la época contemporánea los ánimos estaban muy encontrados, los carlistas no hacían prisioneros entre los peseteros, a los que consideraban traidores y fusilaban a todos los detenidos.
En el diario del general carlista Uranga figura la siguiente anotación el 17 de marzo de 1836: “Permanecimos en Heredia, donde se fusilaron ciento dieciocho peseteros.”
La Regencia isabelina ordenó en 1836 acuñar pesetas para hacer frente a los pagos a las tropas. La moneda fue la forma de cobro de los soldados liberales, los isabelinos recibían diariamente entre una y dos pesetas de sueldo mientras que los carlistas sólo recibían un real (¼ de peseta) al alistarse; de ahí que éstos llamaran “peseteros” a los soldados liberales.
Como ya hemos dicho los peseteros eran en su mayoría soldados vascos al mando del general Jáuregui. Se agrupaban en compañías de seguridad, chapelgorris (significa boina roja aunque los soldados llevaban un chacó rojo), tiradores, cazadores, etc. Recibían armas, munición y equipo pagado por el Gobierno, mientras que los carlistas tenían muchos problemas para surtir a sus soldados de la impedimenta necesaria. Al ser la primera guerra fratricida de la época contemporánea los ánimos estaban muy encontrados, los carlistas no hacían prisioneros entre los peseteros, a los que consideraban traidores y fusilaban a todos los detenidos.
En el diario del general carlista Uranga figura la siguiente anotación el 17 de marzo de 1836: “Permanecimos en Heredia, donde se fusilaron ciento dieciocho peseteros.”
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martes, 8 de febrero de 2011
La Hacienda de José Bonaparte
La última entrada sobre impuestos, lo prometo.
José Bonaparte fue designado Rey de España y de las Indias mediante un Decreto del emperador Napoleón de 4 de junio de 1808. Un mes más tarde fue jurado por los comisionados españoles como monarca y empezó su difícil labor de gobierno en un país desgarrado por la Guerra de la Independencia.
Al igual que en otras materias políticas y sociales, el ejecutivo afrancesado intentó modernizar las normas y los procedimientos tributarios. De esta forma, la Constitución de Bayona, primera Constitución española, aunque otorgada, contenía en su Título XII varios preceptos dictados con esa intención: por una parte, distinguía claramente el Tesoro Público del Tesoro de la Corona; de otra, suprimía las aduanas interiores; además, determinaba que la legislación fiscal sería igual en todo el territorio y, por último, suprimía los privilegios establecidos a favor de personas o colectividades. Sin embargo, estos intentos modernizadores fracasaron totalmente como consecuencia de la extraordinaria penuria de las arcas públicas originada por la guerra con los partidarios de Fernando VII.
Varios fueron los problemas a los que se enfrentó la Administración hacendística afrancesada para obtener recursos suficientes. En primer lugar, sus partidarios no dominaban todo el territorio peninsular y, por tanto, las posibilidades de recaudación eran menores. En segundo, los mariscales que mandaban los ejércitos franceses de ocupación eran auténticos virreyes que no obedecían las órdenes del Gobierno de Madrid y que esquilmaban en su beneficio y en el de sus tropas las zonas que controlaban. Esta situación se agravó cuando el emperador Napoleón decidió en 1810 que las regiones de Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña, dejaran de depender del Rey de España, anexionando definitivamente el principado de Cataluña a Francia en 1812.
Los ministros de Hacienda que intentaron poner orden en esa caótica situación fueron el banquero Francisco Cabarrús y el científico Francisco Angulo, ambos personajes ilustrados que habían desempeñado importantes cargos durante el reinado de Carlos IV.
La búsqueda de recursos revistió diversas modalidades. Así, en los primeros meses del reinado se establecieron dos servicios extraordinarios, en forma de préstamos obligatorios, que debían aportar los obispos y las 150 personas más ricas de cada provincia. Otro sistema fue la continua petición de recursos a Napoleón. Pero éste no estaba dispuesto a facilitar financiación a su hermano José, salvo en muy escasa medida, puesto que era de la opinión de que la guerra debe alimentar a la guerra. Desesperado por sus penurias económicas, el propio monarca español acudió a París, con ocasión del bautizo del Rey de Roma en junio de 1811, consiguiendo únicamente la promesa imperial de un préstamo mensual de un millón de francos, que sólo se cumplió unas pocas veces.
Como la ayuda de Francia no llegaba, la Hacienda española buscó nuevas fuentes de ingreso. De esta manera, se autorizaron en Madrid cuatro casas de juego que debían sostener una parte de los gastos de los hospitales y la policía de la capital de España. El éxito de esta medida fue tan grande que la recaudación obtenida sirvió, además, para dotar otras actividades públicas. En noviembre de 1811 se establecieron nuevos arbitrios sobre las tiendas y los puestos callejeros, los bailes de máscaras, el aguardiente, los combustibles, etc.
Otro recurso utilizado por la Administración bonapartista fue la desamortización. En este caso, se sacaron a pública subasta los bienes embargados a los nobles que luchaban en contra de los franceses, las propiedades de la recientemente suprimida Inquisición y una parte de los bienes de los conventos.
Finalmente, las victorias militares del ejército del duque de Wellington, el hostigamiento permanente de los guerrilleros y la heroica obstinación del Ejército español, que nunca se dio por vencido, lograron que José Bonaparte se marchara definitivamente de España en junio de 1813, dejando abandonadas en el campo de batalla de Vitoria una gran cantidad de las riquezas que quería llevarse de recuerdo a Francia.
José Bonaparte fue designado Rey de España y de las Indias mediante un Decreto del emperador Napoleón de 4 de junio de 1808. Un mes más tarde fue jurado por los comisionados españoles como monarca y empezó su difícil labor de gobierno en un país desgarrado por la Guerra de la Independencia.
Al igual que en otras materias políticas y sociales, el ejecutivo afrancesado intentó modernizar las normas y los procedimientos tributarios. De esta forma, la Constitución de Bayona, primera Constitución española, aunque otorgada, contenía en su Título XII varios preceptos dictados con esa intención: por una parte, distinguía claramente el Tesoro Público del Tesoro de la Corona; de otra, suprimía las aduanas interiores; además, determinaba que la legislación fiscal sería igual en todo el territorio y, por último, suprimía los privilegios establecidos a favor de personas o colectividades. Sin embargo, estos intentos modernizadores fracasaron totalmente como consecuencia de la extraordinaria penuria de las arcas públicas originada por la guerra con los partidarios de Fernando VII.
Varios fueron los problemas a los que se enfrentó la Administración hacendística afrancesada para obtener recursos suficientes. En primer lugar, sus partidarios no dominaban todo el territorio peninsular y, por tanto, las posibilidades de recaudación eran menores. En segundo, los mariscales que mandaban los ejércitos franceses de ocupación eran auténticos virreyes que no obedecían las órdenes del Gobierno de Madrid y que esquilmaban en su beneficio y en el de sus tropas las zonas que controlaban. Esta situación se agravó cuando el emperador Napoleón decidió en 1810 que las regiones de Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña, dejaran de depender del Rey de España, anexionando definitivamente el principado de Cataluña a Francia en 1812.
Los ministros de Hacienda que intentaron poner orden en esa caótica situación fueron el banquero Francisco Cabarrús y el científico Francisco Angulo, ambos personajes ilustrados que habían desempeñado importantes cargos durante el reinado de Carlos IV.
La búsqueda de recursos revistió diversas modalidades. Así, en los primeros meses del reinado se establecieron dos servicios extraordinarios, en forma de préstamos obligatorios, que debían aportar los obispos y las 150 personas más ricas de cada provincia. Otro sistema fue la continua petición de recursos a Napoleón. Pero éste no estaba dispuesto a facilitar financiación a su hermano José, salvo en muy escasa medida, puesto que era de la opinión de que la guerra debe alimentar a la guerra. Desesperado por sus penurias económicas, el propio monarca español acudió a París, con ocasión del bautizo del Rey de Roma en junio de 1811, consiguiendo únicamente la promesa imperial de un préstamo mensual de un millón de francos, que sólo se cumplió unas pocas veces.
Como la ayuda de Francia no llegaba, la Hacienda española buscó nuevas fuentes de ingreso. De esta manera, se autorizaron en Madrid cuatro casas de juego que debían sostener una parte de los gastos de los hospitales y la policía de la capital de España. El éxito de esta medida fue tan grande que la recaudación obtenida sirvió, además, para dotar otras actividades públicas. En noviembre de 1811 se establecieron nuevos arbitrios sobre las tiendas y los puestos callejeros, los bailes de máscaras, el aguardiente, los combustibles, etc.
Otro recurso utilizado por la Administración bonapartista fue la desamortización. En este caso, se sacaron a pública subasta los bienes embargados a los nobles que luchaban en contra de los franceses, las propiedades de la recientemente suprimida Inquisición y una parte de los bienes de los conventos.
Finalmente, las victorias militares del ejército del duque de Wellington, el hostigamiento permanente de los guerrilleros y la heroica obstinación del Ejército español, que nunca se dio por vencido, lograron que José Bonaparte se marchara definitivamente de España en junio de 1813, dejando abandonadas en el campo de batalla de Vitoria una gran cantidad de las riquezas que quería llevarse de recuerdo a Francia.
jueves, 3 de febrero de 2011
Los españoles
Las Provincias españolas son pequeñas naciones diferentes y no partes integrantes de un solo Estado. El barcelonés dice: soy catalán, cuando se le pregunta si es español; y los vascos llaman castellanos a los que quieren designar como enemigos de su raza y de sus fueros.
Domingo Faustino Sarmiento. Viajes por España, 1836
¡Qué poco hemos cambiado!
Domingo Faustino Sarmiento. Viajes por España, 1836
¡Qué poco hemos cambiado!
martes, 11 de mayo de 2010
Colombia ataca España
Cuando murió Fernando VII, dejó tras sí un país totalmente arruinado económica y moralmente. Especialmente en el conflicto entre España y sus colonias, se notó muchísimo ya que los caudales para el mantenimiento de la Armada lo aportaban los virreinatos americanos ahora sublevados. Sumando esto a las disensiones políticas interiores y a las secuelas de seis años de guerra contra el invasor francés, puede explicarse el hundimiento de un Estado que veinte años atrás era la tercera potencia marítima mundial. Era imposible para España volver a hacerse con el control del continente enfrentándose a las nuevas repúblicas ya reconocidas por la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, verdaderos beneficiarios del nuevo orden existente.
Durante el periodo de gobierno de los liberales se intentó llegar a la paz con las colonias, pero cuando cambió el gobierno y entramos en la Década Ominosa, los fundamentalistas querían que se reconquistase las tierras perdidas, pero sin construir naves nuevas ni pagar a las tripulaciones. Los efectivos de la Armada Real fueron disminuyendo paulatinamente a medida que transcurría el tiempo. Los buques que se daban de baja por estar totalmente deshechos no se reponían. Los responsables y jefes de la Armada no cesaban de exponer la situación, p.e. Tras diez meses de incomunicación por la falta de navíos y por el bloqueo de los corsarios colombianos, liberales y contrabandistas, el comandante general de las Canarias había logrado recibir la correspondencia por medio de un navío inglés. La amargura y desánimo eran generales en todos los estamentos de la Real Armada (L. M. de Salazar, Madrid 23 de junio de 1826).
Este era el penoso panorama existente en 1826, cuando hicieron su aparición ante las costas españolas los corsarios colombianos con buques casi siempre nuevos, bien armados y pertrechados.
Ese mismo año el Congreso de Panamá se pronunció a favor de abolir el corso, pero al mismo tiempo se convino hacer los preparativos necesarios para intentar anular el dominio español en Cuba y Puerto Rico. Colombia, entendido como el antiguo Virreinato del Perú, tenía un navío de línea y cuatro fragatas, y su ejército de tierra apenas sumaba 11.500 hombres repartidos en 5.000 en Perú, 3.400 en Venezuela y 3.100 en Santa Fe, así que decidió, a pesar de lo firmado en Panamá, dar patentes de corso a diversos aventureros norteamericanos, en cuyas tripulaciones había parte de hispanoamericanos. El fin de estos corsarios era intentar paralizar el comercio interceptando los navíos españoles o los neutrales que llevasen mercancías españolas. El ámbito de actuación fueron las inmediaciones de la Península e incluso ataques a lugares costeros. Con la reducción de la Real Armada proliferaron los contrabandistas en Galicia y en la Zona del Estrecho apoyándose en Gibraltar donde se concentraban y repostaban impunemente.
El Consejo de Estado sentía una especial preocupación por el Estrecho por dos razones esenciales: la protección de una zona en la que confluían importantes rutas marítimas y la vigilancia de Gibraltar. Ya en octubre de 1825 se había hecho un presupuesto para reparar las torres vigías desde Cádiz a Málaga.
Con la reparación de las torres vigía poco a poco empezaron a remitir los ataques, por las directrices que iban tomando los acontecimientos, como el que se hiciera caso de los acuerdos del Congreso de Panamá sobre la supresión del corso, y porque las pocas unidades activas de la Armada establecieron un control más serio en la zona del Estrecho. La oleada masiva había remitido, aunque aún se producirían casos aislados, más o menos espectaculares. A fines de septiembre de 1826 sólo quedaba un navío con patente de corso colombiano que había hecho numerosas presas en el golfo de Cádiz.
Autor: Fernando Serrano Mangas, Revista de Historia Naval nº 2, 1983
Durante el periodo de gobierno de los liberales se intentó llegar a la paz con las colonias, pero cuando cambió el gobierno y entramos en la Década Ominosa, los fundamentalistas querían que se reconquistase las tierras perdidas, pero sin construir naves nuevas ni pagar a las tripulaciones. Los efectivos de la Armada Real fueron disminuyendo paulatinamente a medida que transcurría el tiempo. Los buques que se daban de baja por estar totalmente deshechos no se reponían. Los responsables y jefes de la Armada no cesaban de exponer la situación, p.e. Tras diez meses de incomunicación por la falta de navíos y por el bloqueo de los corsarios colombianos, liberales y contrabandistas, el comandante general de las Canarias había logrado recibir la correspondencia por medio de un navío inglés. La amargura y desánimo eran generales en todos los estamentos de la Real Armada (L. M. de Salazar, Madrid 23 de junio de 1826).
Este era el penoso panorama existente en 1826, cuando hicieron su aparición ante las costas españolas los corsarios colombianos con buques casi siempre nuevos, bien armados y pertrechados.
Ese mismo año el Congreso de Panamá se pronunció a favor de abolir el corso, pero al mismo tiempo se convino hacer los preparativos necesarios para intentar anular el dominio español en Cuba y Puerto Rico. Colombia, entendido como el antiguo Virreinato del Perú, tenía un navío de línea y cuatro fragatas, y su ejército de tierra apenas sumaba 11.500 hombres repartidos en 5.000 en Perú, 3.400 en Venezuela y 3.100 en Santa Fe, así que decidió, a pesar de lo firmado en Panamá, dar patentes de corso a diversos aventureros norteamericanos, en cuyas tripulaciones había parte de hispanoamericanos. El fin de estos corsarios era intentar paralizar el comercio interceptando los navíos españoles o los neutrales que llevasen mercancías españolas. El ámbito de actuación fueron las inmediaciones de la Península e incluso ataques a lugares costeros. Con la reducción de la Real Armada proliferaron los contrabandistas en Galicia y en la Zona del Estrecho apoyándose en Gibraltar donde se concentraban y repostaban impunemente.
El Consejo de Estado sentía una especial preocupación por el Estrecho por dos razones esenciales: la protección de una zona en la que confluían importantes rutas marítimas y la vigilancia de Gibraltar. Ya en octubre de 1825 se había hecho un presupuesto para reparar las torres vigías desde Cádiz a Málaga.
Con la reparación de las torres vigía poco a poco empezaron a remitir los ataques, por las directrices que iban tomando los acontecimientos, como el que se hiciera caso de los acuerdos del Congreso de Panamá sobre la supresión del corso, y porque las pocas unidades activas de la Armada establecieron un control más serio en la zona del Estrecho. La oleada masiva había remitido, aunque aún se producirían casos aislados, más o menos espectaculares. A fines de septiembre de 1826 sólo quedaba un navío con patente de corso colombiano que había hecho numerosas presas en el golfo de Cádiz.
Autor: Fernando Serrano Mangas, Revista de Historia Naval nº 2, 1983
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