El caso Antonio Pérez

Hijo de Gonzalo Pérez, antiguo clérigo y secretario de Carlos I, nació Antonio cerca de Madrid en 1540, en circunstancias familiares nunca bien aclaradas. Tras pasar por varias universidades, se integró activamente en la vida política de la Corte, alineándose con los partidarios del príncipe de Éboli, enfrentado al Duque de Alba.

A los 28 años, vencedor en la espesa maraña de confabulaciones e intrigas que rodeaban al rey, logró hacerse con el cargo de secretario de Estado. Ello le convirtió en un personaje todopoderoso, rodeado de solicitantes de toda índole y acreedor a los más poderosos enemigos.

La oscura muerte de Juan de Escobedo, secretario de Don Juan de Austria, en marzo de 1578, desencadenaría un proceso que se haría célebre. Acusados de este crimen, Pérez y la princesa de Éboli fueron condenados a prisión pero, mientras ésta se veía encerrada de por vida, aquél seguiría ejerciendo durante cinco años su cargo. Resulta hoy claro que los intereses comunes que les unían no eran de carácter amoroso –como apuntaba la voz popular– sino políticos y económicos.

En 1585 le fueron abiertos a Pérez dos procesos, por cohecho y traición. En julio de 1590, poco antes de cumplirse la pena capital a que fue condenado, consiguió fugarse de la cárcel. Con ello se abría uno de los episodios más emblemáticos, difundidos y discutidos, pero nunca totalmente aclarados, del reinado. Invocando su calidad de aragonés originario, se acogió a los fueros de este Reino, solicitando protección frente a una presuntamente injusta persecución. La Corte reaccionó acusándole de crimen de lesa majestad, pero la autoridad judicial aragonesa no concedió una extradición solicitada por un tribunal castellano.

La identificación del caso Pérez con el particularismo legal aragonés se había ya producido, alentada por interesados sectores. La argucia de Felipe II de acusarle de herejía, lo que le ponía en manos de la Inquisición, tampoco fue efectiva y solamente sirvió –mayo de 1591– para encender el motín entre la población de Zaragoza.

Convertida la cuestión judicial en asunto de Estado, el rey no dudó en lanzar a sus tropas sobre la capital aragonesa. Lanuza, justicia mayor del Reino, fue ejecutado
como medida ejemplarizante, en una acción que ha sido tradicionalmente interpretada –sin el rigor necesario– como el dramático fin de una lucha de las libertades aragonesas frente a una monarquía tiránica.

Pérez, refugiado en Francia, se benefició de la tensión existente entre los dos países hasta morir en París –1611– en miserables condiciones. En sus primeros años de exilio publicó una serie de folletos virulentamente antifilipinos e incluso anticastellanos, que servirían de base para la elaboración de la Leyenda Negra